SANCIONAN A RESPONSABLES DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 7 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE BAUTA, PROVINCIA DE ARTEMISA
Tribunal Provincial
Popular de Artemisa acordó sancionar a siete personas vinculadas a un presunto
plan de salida ilegal del país, en el que, como se informó, fueron ultimadas de
forma violenta cuatro personas
Tomado de Granma
La Sala de lo Penal
del Tribunal Provincial Popular de Artemisa, después de valorar las pruebas
practicadas en el juicio oral celebrado en días recientes, acordó sancionar a
siete personas vinculadas a un presunto plan de salida ilegal del país, en el
que, como se informó, fueron ultimadas de forma violenta cuatro personas.
Durante el
desarrollo del juicio oral se demostró que los acusados JORGE LUIS SALAZAR
RICARDO, REINIER ARMAS GARCÍA, YASSEL MONTERO VÁZQUEZ, JORGE RAMÓN SUÁREZ LEÓN,
YUSNIEL GRIMONT SÁNCHEZ y MICHEL LUIS GARCÍA URGELLES, puestos de común
acuerdo, decidieron concebir y ejecutar un plan, en el que simulaban la
organización de una salida ilegal del territorio nacional hacia los Estados
Unidos de América por vía marítima, con el propósito de apropiarse del dinero
que los interesados en abandonar el país les pagarían para llevar a vías de
hecho su viaje.
Los citados
encausados lograron enrolar a once personas, mediante el engaño de emigrar de
forma segura, y se cercioraron de que el día previsto para la salida llevaran
consigo la cifra acordada.
De esta forma, el
Tribunal pudo dar por probado que el 7 de junio aproximadamente a las 9:00 de
la noche los encartados JORGE LUIS SALAZAR RICARDO y REINIER ARMAS GARCÍA contactaron
telefónicamente con el ciudadano Orlando Gutiérrez Padilla, quien desconocía
las verdaderas intenciones de los acusados, con el objetivo de que este en su
bicitaxi fuera trasladando individualmente a las personas que querían salir del
país, hasta uno de los refugios ubicados en el potrero de la finca de
desarrollo 603 de la Vaquería Niña Bonita, sitio donde por sorpresa, y
aprovechándose de la superioridad numérica, oscuridad y condiciones del
terreno, procedieron a agredir premeditadamente a cinco de ellas, logrando
privar de la vida a cuatro.
Como resultado de
las investigaciones también se demostró que dos años antes los acusados YASSEL
MONTERO VÁZQUEZ, JORGE LUIS SALAZAR RICARDO, RAFAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y REINIER
ARMAS GARCÍA, con similar modus operandi lograron adueñarse violentamente del
dinero de otra persona bajo la falsa creencia de una salida ilegal del país.
La Sala, en atención
a la gravedad de los hechos narrados, a la conducta de los imputados, quienes
actuaron de forma inescrupulosa con el único fin de obtener beneficios
personales, y al grado de participación de cada uno de ellos, acordó sancionar
a:
1).- JORGE LUIS
SALAZAR RICARDO, como autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa,
robo con violencia o intimidación en las personas y falsificación de carné de
identidad a privación perpetua de libertad.
2).- REINIER ARMAS
GARCÍA, como autor de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa
y robo con violencia o intimidación en las personas a privación perpetua de
libertad.
3).- RAFAEL SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, como autor de un delito de robo con violencia o intimidación en las
personas a 25 años de privación de libertad.
4).- YASSEL MONTERO
VÁZQUEZ, como autor de un delito de robo con violencia o intimidación en las
personas a 22 años de privación de libertad.
5).- MICHEL LUIS
GARCÍA URGELLÉS, como autor de un delito de tráfico de personas a 10 años de
privación de libertad.
6).- YUSNIEL GRIMONT
SÁNCHEZ y JORGE RAMÓN SUÁREZ LEÓN, como autores de un delito de tráfico de
personas a 8 años de privación de libertad para cada uno.
El tribunal impuso
además a los encausados las sanciones accesorias de privación de derechos
consistentes en la pérdida del derecho al sufragio activo y pasivo, así como de
ocupar cargos de dirección en los órganos estatales y en organizaciones de
masas y sociales; y dispuso las prohibiciones migratorias pertinentes.
Asimismo, los
acusados JORGE LUIS SALAZAR RICARDO y REINIER ARMAS GARCÍA fueron declarados
responsables civilmente por los hechos cometidos y deberán indemnizar a los
familiares de las víctimas.
Contra la sentencia
dictada tanto los acusados, como el Fiscal, tendrán el derecho de establecer
recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.
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